El magistrado Jorge Gorini, encargado de tramitar las visitas al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, respondió con firmeza a los legisladores de Unión por la Patria. Al recibir su anuncio de que irían a verla cuando quisieran, el juez dejó en claro que todo visitante debe estar previamente listado o autorizado oficialmente*. Gorini calificó la solicitud como “manifiestamente impertinente”, advirtiendo que no corresponde que el tribunal defina anticipadamente qué visitas serán posibles. “Tienen que requerir una habilitación”, subrayó sobre el procedimiento que deben seguir los diputados y senadores —incluidos aquellos con fueros— quienes no están en el listado de personas permitidas sin trámite judicial. La respuesta judicial llega tras una embestida política del bloque K, que había anunciado su intención de visitar a la expresidenta "en cada oportunidad que sea necesaria" amparados en su condición institucional. Gorini no tuvo piedad: reiteró que *no se permite el ingreso sin autorización*, y que el régimen aprobado es claro y debe respetarse sin excepciones.                    Según Gorini, Cristina tiene derecho a *elegir quién la visita libremente* —familiares, médicos, abogados— y el resto debe gestionar autorización formal. Se ratificó que esa norma rige para todos, sin considerar cargos públicos o fueros parlamentarios. Y advirtió: la Justicia no se expedirá sobre solicitudes futuras indefinidas, sino sólo una por una. Esta disputa no termina aquí. El conflicto ya escaló a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, que convocó audiencia para el 7 de julio*. Allí se definirá si los legisladores pueden visitar a CFK sin autorización judicial según su rol institucional, o si el régimen actual se mantiene inflexible.   * El juez Gorini rechazó la pretensión de diputados y senadores de visitar a CFK libremente. * Subrayó que sólo las personas incluidas en el listado pueden ingresar sin autorización. * Descartó que fueros parlamentarios eximan del trámite judicial. * El caso ya está en Casación; el 7 de julio habrá una audiencia clave.   Este cruce abre un nuevo capítulo en la tensión entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Está en juego: ¿hasta dónde alcanzan los fueros de un legislador cuando se trata del monitoreo judicial de un arresto domiciliario? La respuesta, en los próximos días, lo sabremos.